Escrito, editado y publicado por Amada Santos.

El 2 de marzo de 2026 marca una década desde que el extractivismo criminal intentó silenciar la voz de Berta Cáceres. Sin embargo, diez años después, su asesinato no sólo permanece como una herida abierta en la memoria de Honduras, sino como el símbolo global de una justicia que llega a cuentagotas cuando se enfrenta al poder del capital.

Entrepueblos ha lanzado una campaña “Hasta la Raiz” como un acto de impugnación política contra el modelo que prioriza el beneficio empresarial sobre la vida.

El informe del GIEI: La anatomía de un crimen de Estado y mercado.

No estamos ante un hecho aislado, sino ante un engranaje sistémico. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), bajo el auspicio de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha desmantelado la narrativa del «sucedido fortuito». Los hallazgos son devastadoros: el crimen de Berta fue planificado, financiado y ejecutado mediante una alianza criminal entre élites empresariales, entidades financieras y estructuras estatales. Esta década de exigencia ha demostrado que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no sólo buscaba energía, sino el disciplinamiento de un pueblo que se atrevió a decir “no”.

“Hasta la Raiz”: Más allá de la conmemoración

Esta campaña estatal de Entrepobles, no se limita a pedir justicia por el pasado; interpela directamente nuestra responsabilidad en el presente. A través de “Hasta la Raiz”, el objetivo es claro: señalar las responsabilidades de las empresas y del Estado español en la arquitectura de la impunidad global.

La pregunta que se lanza al debate público es de una urgencia radical: ¿Cómo estamos cuidando hoy la vida y los territorios que Berta defendió con su sangre? Mientras las normativas de diligencia debida sigan siendo tíbias o insuficientes, las empresas seguirán operando en el Sur Global con una práctica neocolonial.

Un 8 de marzo de autodefensa ecofeminista

El Manifiesto del 8 de Marzo de Entrepueblos reafirma que la defensa del territorio es, intrínsecamente, una defensa del cuerpo. Denuncia la violencia específica que el patriarcado extractivo ejerce contra las mujeres defensoras, que se enfrentan no sólo a las balas, sino al estigma y la persecución comunitaria.

Ante el Consulado de Honduras en Bilbao

Berta Cáceres no fue asesinada sólo por ser defensora, sino por ser mujer, indígena y lenca; por proponer un ecofeminismo práctico que cuestiona la propiedad privada de la tierra y del agua. A diez años de su muerte, su lucha nos enseña que la justicia no se solicita, se construye en red, conectando las resistencias de aquí y de allá, hasta que la vida sea el centro de toda política.

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